Señaló que el problema traspasa a las diferentes gestiones de gobierno que siguen ajustando sobre el sector, detallando que 5 millones de jubilados en el país cobran una mínima de 105 mil pesos, más un bono de 55 mil pesos que se arrastra desde hace mucho tiempo sin ser incorporado al básico aun cuando en un año la inflación superó el 200%.
El panorama no es mejor para quienes están en el segundo escalón previsional porque si bien no cobran el sueldo mínimo, su salario oscila entre los 170 y los 180 mil pesos, es decir que, finalmente quedan muy cerca del más bajo de los haberes.
Pero más complejo aún resulta la realidad de quienes cobran pensiones no contributivas o por discapacidad que solo perciben 84 mil pesos cada mes para hacer frente a sus gastos.
Muchas de las erogaciones de jubilados y discapacitados pasan por la medicación que ha tenido incrementos del 300% y que no pueden afrontarse si no es con ayuda de familiares.
Sin embargo no todos los jubilados, pensionados o personas con discapacidad tienen en quien apoyarse y hay casos en los que terminan viendo en la calle, detalló el defensor.
“Hay precariedad en el pensamiento político argentino” manifestó Semino quien señaló que un jubilado de 65 años tiene en promedio unos 25 años mas de vida en condiciones y si bien en otras partes del mundo, se trata de una población que mueve la economía a través de la producción y el consumo, en Argentina al llegar a la edad del retiro, figurativamente “te aplican un rifle sanitario”.
Sostuvo que es común ver a personas de la tercera edad, o ya retirados que deben seguir trabajando, en condiciones adversas, siendo explotadas, con remuneraciones en negro y con aportes mininos del gobierno.
“Se fueron reemplazando derechos por limosna” analizó Semino al considerar que en este sentido, en el país “estamos en un problema grave”.
