El abogado recordó que una de las funciones primordiales que ordenó el juez a la hora de disponer la intervención es el saneamiento institucional y en ello se enmarca este tipo de acciones, para la cual se tomaron un tiempo prudencial a fin de confirmar todas las sospechas con la documentación obrante.
Bensimón no especuló sobre la orientación que puede tener la causa que corre ahora por los pasillos judiciales, pero como al pasar recordó que la ex presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner está presa bajo esa misma figura, es decir la de administración fraudulenta.
Como posibles autores del delito fueron señalados Heladio Gómez, Patricia Gallegos, Cynthia Lorena Sanz, Josefa Ávila, Fabián Moyano y César Javier Monsalve; todos integrantes del ex Consejo de Administración.
La denuncia se enfoca en un acuerdo que habían hecho los ex integrantes de la conducción para el pago de una deuda al sindicato de obras sanitarias por 192 millones de pesos en cuotas que se incumplieron, lo que motivó el embargo de las cuentas.
De acuerdo a la denuncia de la intervención, por esa negligencia la cooperativa pasó de deber 192 millones a pagar, con embargo de las cuentas mediante, 619 millones, es decir más del triple.
El cuestionamiento además se funda en que en ese mismo lapso de tiempo se constituyó un fondo de inversión por cifras mayores, siendo que la prioridad, claramente, era la cancelación de deudas cuyo pago había sido mediante convenio.
También Bensimón puso como aspecto relevante que los propios empleados de la cooperativa le habían advertido con insistencia a los integrantes del anterior consejo de administración sobre esta situación límite, que fue ignorada.
