La reacción de Donatti tiene que ver con el archivo de dos denuncias que pesaban sobre el fiscal Fernando Rivarola, una presentada por la militante social Miriam Vázquez y la restante por la fiscal Florencia Gómez.

El tribunal de enjuiciamiento que se constituyó para analizar los casos determinó su archivo atendiendo a que se vencieron los plazos de 6 meses contados desde la denuncia.

Donatti cuestionó la decisión porque, tal como había quedado claro en otro caso, los plazos son ordenatorios y no perentorios.

Dijo además que esa postura escapa a la lógica del funcionamiento del propio consejo de la magistratura que se reúne una vez por mes y mientras pone en marcha todo el mecanismo de sumario hasta elevar la causa, siempre se excedería el tiempo y todas las denuncias caerían en saco roto.

Recordó que ese mismo planteo la defensa había hecho en otro caso y fue desechado, por lo que mal se puede apelar al mismo principio.

Además le bajó el precio al tribunal de enjuiciamiento que «no está para hacer interpretaciones constitucionales» porque es un organismo administrativo con componente político, que solo se debe remitir a opinar si el imputado es inocente o culpable del delito que se le enrostra y punto.

Calificó a la decisión de archivar las causas como de «gravedad institucional» porque toma determinaciones para el cual el tribunal no está autorizado y los deja al consejo de la magistratura como «pintados».

Si bien adelantó que no van a aceptar con resignación lo dictado, prefirió no adelantar los pasos a seguir porque eso dependerá de lo que se revuelva hoy mismo en una sesión extraordinaria a realizarse vía zoom.