Miquelarena consideró que el señalamiento «raya la ley de ética pública» que obliga a los funcionarios judiciales a una conducta decorosa dentro y fuera de la función.

Desmintió los dichos de la fiscal Gómez respecto al supuesto «acomodo» de la esposa de otro integrante del ministerio público por juegos de poder interno, ya que el nombramiento se hizo en el marco de lo dispuesto por la reglamentación.

Respecto al enfrentamiento entre ambos fiscales, que dependen funcionalmente de su cargo, hizo todo lo que está a su alcance, incluso convocando a ambos a su despacho para buscar un entendimiento que, al parecer, no prosperó.

Sobre el tema puntual que motivó las acusaciones, vinculado con un caso por abuso que prescribió por supuesta negligencia en el accionar de la fiscal Gómez, según informó la jueza Martini que intervino en el caso; Miquelarena informó que las actuaciones fueron derivadas al tribunal de disciplina que funciona en el ámbito del consejo de fiscales.