El fiscal Marcos Nápoli reconoció que comenzaron a investigar las propiedades de los integrantes de la familia del ex gobernador, entre ellas la lujosa construcción en un barrio privado en Buenos Aires escriturado a nombre de Graciela Di Perna, la actual decana de la Universidad Nacional de la Patagonia y cuñada del fallecido Mario Das Neves.
Nápoli reconoció que recorrieron el country en Pilar llamado «Club de campo Pueyrredón» donde se emplaza la suntuosa propiedad que se adjudica a la cuñada del ex gobernador y accedieron a la escritura donde supuestamente esa propiedad se compró en 155.000 dólares aunque él calcula que esa cifra que aparece en los papeles está muy por debajo del valor real.
Nápoli reconoció que no es la única propiedad que está bajo la lupa de la investigación, pero evitó avanzar en más detalles porque la pesquisa sigue y puede terminar en una causa penal por enriquecimiento ilícito.
El dato que también aportó Nápoli es que quien compró la vivienda en Pilar no fue en realidad Graciela Di Perna sino su sobrino, Pablo Das Neves, a quien vinculó además con todas las gestiones.
A poco de escarbar, aparece a simple vista la sospecha de cómo puede una persona con un sueldo declarado de 60.000 pesos comprar semejante propiedad.
Al parecer la investigación no terminará ahí y seguirá hasta con el trámite sucesorio del padre del ex gobernador, Dionisio Das Neves, para lo cual también fueron convocados a declarar integrantes de la familia.
Las declaraciones de Nápoli se enmarcan en la convicción que tienen en el ministerio público fiscal respecto a que el jefe de la asociación ilícita que se investiga en la llamada causa «revelación» fue el propio gobernador Mario Das Neves, porque así lo señalan los testimonios y las pruebas.
Recordó que este miércoles se realizará la audiencia preliminar de la causa donde se investiga el cobro de retorno de la obra pública en la cual están involucrados empresarios de la construcción y ex funcionarios de la gestión de gobierno.
Nápoli aprovechó para darle total crédito a la llamada «lista de Lüters» donde aparecen con lujo de detalle el pago a funcionarios, periodistas, sindicalistas y políticos; además de saldar los gastos corrientes de la familia del gobernador.