En una conferencia de prensa que brindó junto al vicegobernador Gustavo Menna y al ministro de Economía, Andrés Meiszner; el mandatario ratificó la obligatoriedad de los concursos para recategorizaciones, reubicaciones y puestos jerárquicos; y confirmó la implementación de la Ley 3×1 que habilita un ingreso al Estado por cada tres cargos vacantes.
En la ocasión, Torres indicó que gracias al censo realizado en la provincia se logró detectar 150 casos de personas que cobraban algún tipo de beneficio del Estado sin presentarse a trabajar, o 250 agentes afuera de la provincia, cobrando de la provincia.
“Cada uno de estos casos se va a eliminar, sin importar apellido, afiliación política ni cuando entró, no habrá ningún tipo de excepción” expresó el mandatario.
El gobernador indicó que al momento de comenzar la gestión se dio de baja un Decreto que disponía ingresos a más de 3000 personas que no tenían ningún tipo de justificación.
Explicó que ésta era una práctica que se había tornado común cuando un gobierno dejaba el poder para poder “acomodar” a sus amigos, lo cual le costaba a la provincia grandes sumas de dinero.
Expuso que “cada uno de los ministros tendrá la responsabilidad a la hora de nombrar a alguna persona deberá elegir, formar y capacitar a quienes ya están dentro hace mucho tiempo”.
Explicó que “ahora nadie va a ingresar a un cargo sin concurso previo, logrando así un Estado más preparado”.
Afirmó que el año que viene se inaugurará la Casa de Gobierno y se trabajará con la mitad de las oficinas con las que contaba anteriormente.
Finalizó indicando que el trabajo que se realizó fue a conciencia y pensando en agilizar el Estado.
Previo al gobernador, se dirigió a los presentes el ministro de economía Andrés Meizner, que entre los datos recopilados, destacó que del censo realizado surge que de los 46 mil agentes públicos de la provincia, casi 6080 no finalizaron los niveles obligatorios de educación.
Agregó que hay tres sectores bien diferenciados en la administración pública, quienes están en cesantía que representan el 0.3%, en suspensión salarial 1,2% y con suspensión administrativa el 13%.
El ministro de economía graficó que 4.973 puestos provinciales no prestan servicios para la provincia.
Esto representa “un muy mal número”, reconoció al sostener que es más del 10% de la totalidad de los trabajadores de la provincia.
Se trata de adscripciones, que a partir del 31 de diciembre de este año, la idea es hacerlas cesar, dijo.
Por otro lado, Meizner explicó que hay 6.500 trabajadores que cuentan con la edad para acceder al régimen jubilatorio.
Y en esa línea, se refirió a la decisión del gobierno de avanzar en la implementación de la Ley 3×1 que habilita un ingreso al Estado por cada tres cargos vacantes.
Por último, resaltó la decisión del gobierno provincial de dar de baja a 168 cargos políticos y jerárquicos de la estructura del estado provincial.
Luego de la presentación, habló con la prensa el ministro de economía Andrés Meiszner.
Destacó la importancia del censo remarcando las cifras que llamaron la atención entre las que señaló la existencia de casi 6 mil agentes que están en una situación laboral irregular.
Y sostuvo que más allá de esta situación, preocupa el tiempo que ha pasado sin que se hayan detectado estos casos.
En tanto, el gobernador Torres señaló que los datos llamativos, seguramente serán más cuando se intime a aquellas personas que no aceptaron realizar el censo.
Sostuvo que el hecho se cobrar sin trabajar representa un delito de peculado de servicios que atenta contra la provincia.
Agregó que será la justicia quien defina si estas personas deberán devolver el dinero que se cobró sin prestar servicios.
Sostuvo que cada cartera deberá pedir a los trabajadores que no lo tienen completo el ciclo, que terminen la educación secundaria.
Contó que las adscripciones se advirtieron en todos los ministerios y remarcó que todos los trabajadores deberán volver a su lugar de origen.
Y agregó que los casos que pudieran contemplarse serán los menos, además de que serán aprobados por él mismo.
Analizó que con la implementación del “3×1” a mediano plazo habrá una notoria baja en la cantidad de los trabajadores de la administración pública.
Y sobre la rehabilitación de la Casa de Gobierno, señaló que se reducirán la cantidad de oficinas y que la intención es avanzar en un proceso de modernización que otorgue mayor agilidad a la tarea y las gestiones que realiza la gente.
