De esta forma apuntó contra los empleadores del sector que dejan librado a su suerte a pacientes oncológicos o que necesitan imperiosamente la prepaga para subsistir.

«Esos son los empresarios que nos denunciaron» dijo Gutierrez en diálogo con Radio Chubut, en referencia al grupo de hombres de negocios encabezado por Raúl Matías Cereseto, que los acusaron en sede judicial y lograron un mes de prisión preventiva en modalidad domiciliaria.

El viernes recuperaron la libertad y hoy, en el primer día hábil de la semana, se deberá abocar a este tema que es urgente y que revela el «cinismo» con el que la patronal se maneja.

Como si fuera poco recordó que hay 200 estibadores que no pueden jubilarse por la falta de aportes y todo esto fue posible porque los empresarios manejaban a la anterior conducción del sindicato.

El titular del SUPA aseguró que seguirá con su actividad sindical porque para eso lo votaron a pesar de la advertencia que le hicieron los empresarios en referencia a que ellos son «el poder invisible» con el que es muy difícil confrontar.

Por su parte la abogada Valeria Corbacho que dialogó en simultáneo con Radio Chubut, se mostró conforme con la decisión que tomó la jueza Karina Breckle, quien dispuso el cese inmediato de la prisión preventiva el viernes y dio cinco meses de plazo para que la fiscalía junte pruebas y eleve la causa a juicio.

De paso recordó que la jueza cuestionó a la fiscal Florencia Gómez que no solo pidió que sigan en prisión los imputados sino que vayan a la cárcel.

«La jueza le advirtió que pide más y aporta menos» recordó Corbacho, en relación a que la fiscalía solicitó que se endurezcan las condiciones pero no aportó ni una prueba como para reforzarlo.