Estaba previsto que se realicen este viernes los alegatos para dar lugar al veredicto que debe dictar el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia donde se llevaron adelante las últimas audiencias, pero por la producción de nueva prueba que fue requerida la definición se pospondrá para el mes de diciembre.
Así lo confirmó en diálogo con Radio Chubut el fiscal federal Fernando Gélvez.

El funcionario del ministerio público fiscal admitió que es un caso de muy difícil resolución porque se intenta definir responsabilidades por la desaparición forzada del militante comunista que fue sacado del local comercial que atendía en noviembre de 1976, momento desde el cual no se supo más sobre su paradero.

Los dos imputados en la causa no están señalados como los integrantes del grupo de tareas de entre 2 y 6 personas que se llevaron a Bel, pero sí como “funcionarios coautores inmediatos” que participaron en la logística.

En el caso de Tito Nichols (ex jefe de informaciones de la policía) por haber aportado datos vinculados con los movimientos de Bel.

Y en el caso de Hernán Hermelo, el otro imputado, por haber sido entonces segundo comandante del Batallón de Infantería de Marina 4 con asiento en la Base Almirante Zar de Trelew hacia donde se estima fue llevado Bel.

El fiscal Gélvez recordó además que este jueves declaró el cabo Carlos Alegre, quien cobró notoriedad pública en el 2006 cuando denunció los casos de espionaje ilegal desde la base en el que también se requería información sobre el caso Bel, por lo que incluso se decidió solicitar más documentación para ser incorporada.

Tras las declaraciones del fiscal, se comunicó con La Radio el abogado penalista local Guillermo Hervida quien desmintió que los acusados por Alegre en su momento hayan sido culpables de los delitos de espionaje y a la que calificó como “una causa política”.

Recordó además que a él le tocó representar en su momento a otros dos altos jefe de la policía por el caso Bel, camaradas de Nichols, quienes fueron sobreseídos, por lo que interpretaba que la misma suerte correría el policía que está imputado como “entregador”, salvo que esta sea otra causa política más.