Los diputados provinciales aprobaron la derogación del FAP (FONDO AMBIENTAL PESQUERO).
Se trata de Ley del FAP (Ley I-620) que incluye en su articulado una condonación de hasta un 50% de la deuda generada por las pesqueras en concepto del Fondo, cuyos beneficiarios son las Municipalidades de Rawson, Camarones y Puerto Madryn, así como los trabajadores del Ministerio de Ambiente y de la Secretaría de Pesca.

Por su parte, los gremios marítimos y portuarios se movilizaron de forma masiva desde horas tempranas de este jueves, donde estuvieron apostados hasta el mediodía en las afueras de la casa de las leyes provinciales.

Luego de la sesión y en diálogo con la prensa, el Vice Gobernador y Presidente de la Legislatura, Ricardo Sastre, manifestó que esto era un compromiso que se había asumido hace unos días atrás y era algo que si bien estaba establecido en una Ley desde el año 2018, los municipios todavía no habían recibido ningún tipo de pago.

Y explicó que por el convenio colectivo de trabajo que tiene el sector de la pesca, se generó una situación muy compleja ya que a la hora de tener que abonarlo las empresas, el 50% eran las partes las que tenían que dividir dicho canon.

«Nos parece totalmente injusto que suceda esto con la clase trabajadora y con un sector tan productivo como es el de la pesca», dijo Ricardo Sastre.

«Los madrynenses sabemos lo que es un conflicto de estas características», dijo el Vice Gobernador, recordando algunos vividos en el 2007, en el 2014 con AlPESCA, y «no nos merecemos sumar un conflicto más a los que ya tenemos» agregó.

Aclaró que las empresas tendrán que hacerse cargo y pagar lo que está establecido en el nuevo proyecto de ley y, hacer los convenios de pagos con el Ministerio de Ambiente para que Camarones, Rawson y Madryn reciban lo que les corresponde.

Dijo que no tiene los montos exactos que le corresponde a cada municipio pero aseguró que son sumas muy importantes.

Contó que la modificación que se le realizó al proyecto fue una incorporación para que al momento en que cada uno de los municipios reciba los fondos, que los convenios sean ratificados por los concejos deliberantes.

Adelantó que si se quiere que los empresarios de la pesca paguen algún impuesto para dejar algo de dinero por la extracción que hacen, será necesaria una modificación a la Ley de Pesca.

«Este fondo aprobado en el 2018 contemplaba también algún tipo de porcentaje para los trabajadores de la secretaria de pesca y para los trabajadores del ministerio de ambiente», aclaró.

Finalizó remarcando que no hay dudas de que hubo «un poco de desidia en el accionar de algunas áreas y por ello en estos días hemos tenido que subsanar, de la forma más urgente, como para no tener un conflicto de estas características en plena temporada de pesca».

«Nosotros bregamos por la paz social y esto nos deja tranquilos por la clase trabajadora que injustamente iba a tener que abonar algo que no le correspondía» finalizó el Vicegobernador Sastre.

Durante la sesión, el diputado radical Manuel Pagliaroni adelantó al hacer uso de la palabra, su abstención en torno a la votación del proyecto, aunque señaló que acompañaba los artículos del expediente que defienden los derechos de los trabajadores.

Destacó también la posibilidad que tendrán los intendentes de realizar los reclamos que consideren pertinentes.

En tanto, el diputado por el bloque “Visión Peronista”, Carlos Eliceche, adelantó en el recinto el acompañamiento al expediente aunque cuestionó el desempeño de los funcionarios al señalar que no fueron actuaron con responsabilidad.

El legislador cuestionó con dureza a los responsables de las áreas de ambiente y de pesca y sostuvo que no se ha cumplido con la norma original ni ninguna de sus modificaciones.

Cuestionó además la falta de información en relación a la cantidad de cajones que fueron desembarcados desde el mes de noviembre del año pasado a la actualidad, de los cuales no hay registro.

La derogación de la ley también fue acompañada por la diputada Leila Lloyd Jones quien habló además sobre la situación de los trabajadores de la secretaria de pesca a quienes se los contemplará en una nueva normativa donde serán compensados por la caída de ingresos junto con la ley que regulaba el Fondo.

Agregó que la determinación se tomó también contemplando la situación de los trabajadores de la actividad pesquera que se verían perjudicados por la aplicación de esta norma que, remarcó, nunca llegó a ser operativa por la inacción de los funcionarios provinciales.

También habló sobre el tema la diputada del radicalismo Andrea Aguilera quien aseguró que el FAP no es mas que un impuesto, una norma recaudatoria.

Y aseguró que en Chubut hay ausencia de políticas ambientales.

Señaló en ese contexto que el Ministerio de Ambiente provincial no funciona y recordó una situación puntual ocurrida en Comodoro Rivadavia, relacionada con el tratamiento de los residuos sólidos y líquidos pesqueros en esa ciudad.

Aguilera habló también sobre la falta de información sobre la deuda y específicamente de documentación que avale esos compromisos por parte de las empresas.

Agregó que la ley es además contraria con la postura reiterada de esa Cámara, donde se remarca la necesidad de crear empleo y el acompañamiento a los privados.

Remarcó el poco tiempo de análisis del expediente, aunque adelantó que particularmente iba a acompañar la derogación de la norma.

Reiteró sus críticas en relación a la falta de información en torno a la deuda y señaló en ese contexto que no se entregaron datos acerca de quienes son los empresarios que pagaron su deuda y cuales no lo hicieron y qué montos son los que están pendientes, entre otros puntos.

Sostuvo asimismo que no se explicó qué pasó con las sanciones que implicaba el incumpliendo de la norma.

La diputada del radicalismo habló sobre las diferencias que surgen con la derogación, entre los trabajadores de la actividad.

Es porque algunos de ellos pagaron el FAP y otros no, y además se benefician con la quita de intereses.
Aguilera aseguró que estas situaciones ocurren porque “el Estado improvisa de manera permanente”

Por último se refirió a los constantes reclamos que se reciben en las legislatura de parte de todos los sectores de la sociedad.

“Terminamos siempre en lo mismo, decretos de necesidad de urgencia y leyes de emergencia” remarcó la legisladora al cuestionar a los funcionarios provinciales.

Y en ese sentido, indicó que presentó un dictamen para que la Fiscalía de Estado avance de ser necesario, en contra del ministro de ambiente actual y sus antecesores.

Desde el bloque Cultura, Educación y Trabajo, la diputada Tatiana Goic cuestionó la celeridad con la que se trató el proyecto en las comisiones internas de trabajo lo que, remarcó, no ocurre con otras iniciativas.

Sostuvo que el gobierno de la provincia resolvió con rapidez este tema, mientras que los reclamos de jubilados y docentes, entre otros se resuelven con el paso del tiempo.

Por último, la diputada adelantó su voto negativo y remarcó que “ustedes (por sus pares) son generosos con plata ajena, porque la deuda que están condonado, es de todos los chubutenses”

La diputada del PJ Frente de Todos, Belén Baskovc, adelantó la abstención en la votación general pero el acompañamiento en el artículo 3, al remarcar que el sector no quiere que al tributo lo paguen los trabajadores.

Cuestionó también la falta de información y de responsabilidad de los funcionarios públicos que impidieron dar respuesta a los trabajadores de la secretaría de pesca y conocer detalles sobre la deuda.

Sostuvo además que, con la derogación de la ley, no queda claro quien hará frente al pasivo ambiental que genera la actividad de la pesca y que fue la razón por la que se dictó la norma originalmente.

Dijo además que desde el bloque se comprende la postura y reclamo de los trabajadores y los empresarios de la pesca, pero no la actitud de los funcionarios que no estuvieron en la Legislatura para dar detalles del proyecto.

Por último, el presidente del boque Chubut Al Frente, Mario Horacio Pais recordó que a poco de asumir su gestión el gobernador Mariano Arcioni remitió un proyecto de ley para la derogación del FAP, el que no prosperó en la Cámara.

Valoró además la tarea que se realizó en las comisiones, más allá de las inconsistencias del expediente original.

Finalmente, el diputado pidió por el mantenimiento de la paz social y porque estas situaciones no se vuelvan a repetirse, buscando evitar estallidos en sectores productivos de la provincia.

Tras la votación y la aprobación de la derogación, habló con la prensa Luis Núñez, secretario general del STIA quien permanecía en el exterior de edificio junto con los trabajadores de la pesca que reclamaban por la ley.

El dirigente señaló que, con la normativa, el personal de esa actividad quedaba en una posición muy desfavorable tal cual quedó expuesto en un documento firmado por el secretario general de la Asociación de capitanes, Jorge Frías.

Remarcó asimismo que el monto de la deuda que queda pendiente de pago debería ser afrontado por los empresarios y no por los trabajadores.

El dirigente señaló que éste y otros proyectos se trabajaron mal y remarcó la necesidad de un trabajo en conjunto entre todos los interesados.

“Para mí es un papelón todo esto, se pierde tiempo y terminamos con estas situaciones que son indeseadas para todos” señaló.