Así lo denunció en diálogo con Radio Chubut el gerente del servicio eléctrico de la cooperativa de servicios públicos local, Alfredo Montes.
El ingeniero reveló que se está ofreciendo el servicio para adulterar los aparatos que forman parte de la instalación domiciliaria, para que midan menos.
Tras aclarar que se trata de un delito penal, recomendó a los usuarios que no acepten semejante ofrecimiento aunque sea tentador, porque de confirmarse, están facultados para cobrarle hasta dos años para atrás el consumo.
«Les va a salir más caro el collar que el perro» dijo el ilustrativo Montes.