El especialista sostuvo que, más allá del objetivo político de la medida, existen interrogantes jurídicos sobre su implementación y recordó que el decreto deberá atravesar el control del Congreso para consolidar su vigencia.
Cohen explicó que el Poder Ejecutivo no puede modificar la Ley de Migraciones, sino reglamentarla, por lo que el DNU deberá ser evaluado por la Comisión Bicameral y posteriormente por el Congreso. Además, señaló que uno de los principales problemas radica en la falta de precisión sobre qué conductas podrán ser consideradas como «incitación al odio» contra el país. «Es muy difícil de aplicar porque no describe con claridad cómo se configura esa causal. Los jueces tendrán que determinar qué se entiende por una declaración de odio y eso puede generar distintas interpretaciones», indicó.
El especialista consideró que la iniciativa tiene un fuerte componente político vinculado al contexto actual, aunque aclaró que toda política pública debe tener un respaldo legal sólido para evitar conflictos de interpretación. También recordó que cualquier proceso de expulsión de un extranjero requiere intervención judicial, ya que la Dirección Nacional de Migraciones puede disponer la medida administrativa, pero su ejecución debe ser avalada por un juez.
En otro tramo de la entrevista, Alberto Cohen se mostró a favor de aplicar el principio de reciprocidad en materia de salud y educación para ciudadanos extranjeros. Sostuvo que quienes acceden a estos servicios deberían afrontar costos cuando los argentinos deben hacerlo en otros países.
