El Ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, denunció hoy ante la justicia federal de Rawson la existencia de una «asociación ilícita» integrada por funcionarios de pesca, empresarios del sector y «testaferros» sindicados como los autores de los delitos de «evasión tributaria» y «lavado de activos».El funcionario, en diálogo con Radio Chubut, relató que «recibí un sobre con un CD en el que supuestamente existía documentación comprometedora vinculada con la pesca que de inmediato le di al área de informática de la policía para que descartara que contuviera algún virus como suele ocurrir».

«Del área de investigaciones me devuelven el material donde me explican que está libre de virus pero que cuenta con información muy sensible que, una vez leída y procesada, decidí transformar en denuncia porque es mi obligación como funcionario público» explicó.

El ministro describió que «la asociación está integrada por al menos 8 integrantes, de gente que monopoliza la actividad en Puerto Rawson y maneja la estiba».

Massoni prefirió «por ahora» no dar nombres pero hizo alusión a un «actual diputado nacional» que estaba vinculado con el grupo y que durante un buen tiempo utilizó su influencia para que la delegación local de la AFIP no los controle a cambio de recursos para su campaña.

El funcionario sostuvo que «por ahora me voy a reservar el nombre de los integrantes de esta organización que está consolidada, con por lo menos 5 años de actividad, que operaba creando sociedades que luego iba disolviendo para crear otras y así se lavaban activos según la denuncia que realicé al tomar contacto con los datos que recibí».

Entre la documentación aportada figuran pruebas de facturación apócrifa y el canje de cheques que se hacía en una financiera de la ciudad autónoma de Buenos Aires, propiedad de uno de los denunciados que «a su vez su madre traía desde Capital Federal como dinero físico una vez cambiado».

Federico Massoni realizó la denuncia ante el juez federal  N° 2 de Rawson, Gustavo Lleral y se aprestaba a hacer lo propio ante el fiscal de la justicia provincial, Omar Rodríguez, titular de la agencia especial que investiga delitos contra la administración pública toda vez que «hay actuales y ex funcionarios provinciales presuntamente vinculados».