La decisión, adoptada por la jueza Ivana González, fue cuestionada por el fiscal que lleva adelante la causa.
Así lo expuso, en diálogo con Radio Chubut, el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública.
Omar Rodríguez admitió que el pedido fue realizado por el abogado defensor de la ex diputada y ex ministra de familia Cecilia Torres Otarola, imputada en la causa por la cual se investiga el presunto cobro de parte de los salarios que percibían sus asesores cuando era diputada y la contratación de personas que nunca trabajaron, cuando estaba al frente del ministerio, de allí la denominación de «ñoquis calientes».
Rodríguez admitió que él solicitó el levantamiento del secreto bancario para Torres Otarola, toda vez que era la imputada y había que determinar posibles transferencias.
Pero no pudo interpretar porqué se pidieron los demás levantamientos siendo que las personas a las que se les indagarán sus movimientos bancarios son el denunciante y testigos.
En el mismo sentido opinó el contador Martín Sandoval, el principal denunciante, que interpretó el pedido como «una apretada».
Sandoval aprovechó para aclarar que él no tiene ninguna relación sentimental con la imputada, de quien es pariente, aunque Torres Otarola se refirió a su denuncia como parte de una «vinculación de tipo personal» que tenían ambos.
Para el contador, las insinuaciones de tipo personal e intimista de la ex funcionaria procuran desviar el eje de la investigación y no tiene dudas que existieron casos de corrupción tal como lo señaló en su denuncia.
Reveló que hay otros casos que no se llevaron a juicio pero que a él le consta, como un proveedor que no pudo cobrar hasta el día de hoy porque el expediente de pago desapareció, presuntamente por haber sido facturado con sobre precios.
Se trata de un proveedor de El Maitén, recordó Sandoval, quien lo contactó porque los días pasan, él no cobra y seguramente habría sido, en su momento, cómplice de la maniobra.
