La referencia del titular del SUPA apuntó a la Cámara de la Flota Amarilla que realizó una denuncia por extorsión que el dirigente negó, pero en simultáneo los invitó a que prueben sus dichos.
En rigor, para Gutiérrez los dueños de los barcos son los mismos que manejan las empresas de estiba y también las plantas pesqueras, por lo que se ponen en modo «yo» según les convenga.
Gutiérrez advirtió que seguirán con el reclamo para que le otorguen el 160% de incremento tal como lo lograron para la descarga de aluminio y el congelado en Puerto Madryn.
Adelantó además que llegarán a la provincia los dirigentes nacionales de ese gremio, lo cual significa que están dispuestos a que la situación trepe a un plano mayor.
También le respondió a la CAPIP que advirtió que no podrían pagarle a las empresas de estiba un precio excesivo si homologan el aumento pedido por el SUPA.
Para Gutiérrez esa cámara es parte de la misma maniobra que tiene por intención encerrarlos legalmente y doblegarlos.
Opinó también sobre la resolución que tomó el juez universal de Rawson que aceptó una cautelar obligando al SUPA a aportarle «manos» para la descarga, vulnerando el derecho al reclamo salarial, aunque ese mismo juez se declaró incompetente y derivó a otro el pleito.
