Las denunció el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Antonio Cimadevilla, ante la oficina anticorrupción.

Se trata de «entre 7 y 8 comunas» que tenían como representante técnico a quien a su vez, era socio de una empresa constructora a la cual se contrataba y se pagaba, es decir que estaba de los dos lados del mostrador.

Cimavevilla aseguró que la presentación con formato de denuncia se realizó ante la oficina anticorrupción en un escrito de 1538 fojas.

El presidente del tribunal de cuentas aseguró que su gestión potenció el trabajo de ese organismo de control, entre otras cosas obligando a los funcionarios a presentar las declaraciones juradas de bienes, tal como lo exige la ley de ética pública.