La iniciativa reúne a clubes de pesca, pescadores artesanales, buceadores y vecinos de Trelew, Rawson y Puerto Madryn, quienes desde hace años vienen impulsando acciones frente a bloqueos en lugares históricos.
Según explicó, el objetivo es conformar formalmente una ONG que permita avanzar con acciones judiciales colectivas en representación de toda la comunidad, y no solo de sectores particulares. En ese sentido, remarcó que la figura legal permitirá intervenir en conflictos donde hoy se limita el acceso a espacios que deberían ser públicos, como ocurrió en zonas de Península Valdés, Golfo Nuevo y Camarones.
El planteo surge ante una problemática que se repite en distintos puntos de la costa, donde propiedades privadas, emprendimientos turísticos o fundaciones restringen el ingreso incluso a pescadores o trabajadores locales. “Se han perdido muchos espacios de uso público y hay una concentración cada vez mayor en pocos lugares habilitados”, advirtió Gómez Lozano.
Además, cuestionó la falta de intervención del Estado y señaló que muchas veces se opta por la prohibición en lugar de ordenar el uso de los espacios. “Es más fácil poner un ‘prohibido pasar’ que desarrollar infraestructura, controles y planificación para garantizar el acceso”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el problema trasciende a los distintos gobiernos.
Finalmente, destacó que la defensa del acceso a la costa no solo tiene que ver con derechos, sino también con la calidad de vida y el acceso a espacios naturales en la Patagonia, donde estos entornos forman parte de la identidad y el bienestar de la población.
