Carreras sostuvo que durante el juicio quedó probado, a partir de documentación de la Armada, auditorías y el testimonio de 96 testigos, que el submarino no estaba en condiciones de zarpar. Según explicó, la principal falla fue la falta de alistamiento de la nave y recordó que una válvula defectuosa ya había provocado el ingreso de agua al compartimiento de baterías en una navegación realizada en julio de 2017, apenas meses antes del hundimiento. A pesar de ese antecedente, aseguró, el desperfecto nunca fue solucionado.
La letrada también reveló que un oficial submarinista pidió dejar esa especialidad tras aquella misión de julio por considerar que la situación era demasiado riesgosa. Además, recordó que dos tripulantes que inicialmente integraban la dotación del ARA San Juan no embarcaron en la última misión por cuestiones personales, lo que les permitió salvar sus vidas. «No fue una tragedia inevitable ni un accidente producto del destino. Había señales claras de que el submarino no debía salir», sostuvo.
Respecto de los próximos pasos judiciales, Carreras confirmó que la querella apelará tanto las absoluciones como la condena impuesta, con el objetivo de obtener penas más altas. Además, recordó que continúa abierta la investigación sobre las eventuales responsabilidades del expresidente Mauricio Macri y del exministro de Defensa Oscar Aguad. También anticipó que impulsarán un proyecto para modificar el Código Penal, de manera que las penas por estragos contemplen la cantidad de víctimas fatales en casos de esta magnitud.
