Lo dijo la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) a través de un comunicado en el que celebró la aprobación del proyecto de ley 128/20 por parte de la Legislatura del Chubut.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) dijo que el proyecto de ley 128/20 aprobado ayer miércoles por la Legislatura del Chubut “abre alternativas de progreso para la población de una de las zonas más postergadas de la provincia y más golpeadas por la retracción del trabajo rural y la falta de alternativas económicas”.

A través de un comunicado, la CAEM añadió que el proyecto de Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la provincia del Chubut “es una definición importante para la provincia, que de esta manera comienza a ampliar su matriz productiva”.

“Se inicia un camino que colaborará con la creación de puestos de trabajo, tanto en la construcción de los yacimientos y en su operación, como en la cadena de valor, con preminencia de los proveedores de productos y servicios locales y provinciales”, indicó.

La entidad añadió que la industria minera “trabaja en base a los más altos estándares de calidad, siguiendo los lineamientos de programas internacionales como Hacia una Minería Sustentable (HMS) y la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)”.

A estos programas “se suman los mecanismos de sustentabilidad ambiental, de transparencia y de articulación con las comunidades ya previstos” en el proyecto aprobado.

Por ello consideró que “entre todos los sectores podemos trabajar para que la Meseta de Chubut sea sinónimo de minería moderna, transparente y movilizadora de desarrollo”.

Agregó que “con la puesta en marcha del potencial minero, se impulsa la industria productiva más federal, que motoriza economías alejadas de los centros productivos, al tiempo que genera ingresos genuinos para el país a través de las exportaciones”.

La entidad precisó que “a nivel nacional, la minería es el sexto complejo exportador”, y sostuvo que “incluso en el contexto de la pandemia, logró generar exportaciones por U$D 2.600 millones y brindar trabajo de calidad a 83.000 personas”.

“El proyecto surgió a través de un proceso colaborativo y de debate amplio, permitiendo esta pluralidad de voces y de opiniones la incorporación de reformas acordes a las propuestas realizadas desde la misma sociedad”, concluyó.