El jefe de los fiscales, Jorge Miquelarena, reconoció que en las actuales condiciones es imposible implementar el sistema de juicios por jurado, tal como quedó establecido por ley. «Se lo expliqué a Dios y María santísima» dijo elocuente el procurador.
Recordó que el sistema con el que se preveía atender casos con una expectativa de pena mayor a los 17 años fue reducida a «una pena en abstracto que supere los 14 años», con lo cual interpreta que podría hasta incluir casos como robo agravado.
Miquelarena recordó que para implementar el juicio por jurados primero hay que depurar el padrón y actualizarlo para determinar entre 4.000 o 5.000 ciudadanos el lote de posibles integrantes que a su vez están sometidos a recusación.
Además, debe disponerse de viáticos para los que deben trasladarse de un lugar a otro de la provincia y otros gastos propios.
Por eso, lo que en teoría resulta una iniciativa buena con la que él está de acuerdo, resulta impracticable frente a una realidad marcada por el hecho de que no cuentan con presupuesto propio, no tienen ni siquiera edificios y en muchos casos lo tienen que compartir.
El procurador Miquelarena también se refirió a la falta de fiscales, un tema que se agudiza porque los integrantes del ministerio público fiscal prefieren concursar para cargos de jueces donde están menos expuestos y con una tarea mucho más acotada.
Encima en el nuevo código de convivencia ciudadana se les amplía a los fiscales generales la competencia, con lo cual se le asignan más responsabilidades encima que son pocos.
