El fiscal Fernando Rivarola, quien utilizó la frase «accionar doloso de desahogo sexual» en un renombrado caso de abuso grupal ocurrido hace años en Playa Unión, no será sancionado por el Consejo de la Magistratura del Chubut que desestimó dos denuncias en su contra formuladas por el gobernador Mariano Arcioni y por una militante sindical pidiendo su destitución.
El «pase a archivo» de los pedidos contra el fiscal fue confirmado por el presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, quien en diálogo con radio Chubut aseguró que «fue en la última sesión en una votación dividida, por 8 consejeros a 6, por lo que las presentaciones fueron desestimadas».

Las expresiones del fiscal, que se conocieron en junio del año pasado en un escrito para fundamentar un acuerdo de «juicio abreviado» entre las partes, provocó una fuerte polémica y dos presentaciones formales ante el Consejo de la Magistratura por parte del gobernador chubutense y de la militante sindical Elena Rubilar Acevedo.

En el caso del gobernador la presentación se realizó argumentando «desconocimiento inexcusable del derecho».

El presidente del Consejo de la Magistratura del Chubut aclaró que «a la hora de analizar los antecedentes se llegó a la conclusión que todo el accionar de Rivarola estuvo ajustado a derecho basados además en que la cámara de apelaciones de Trelew que analizó la anulación del acuerdo, le dio la razón al fiscal de instrucción».

Entre otros temas abordados en la última sesión del Consejo de la Magistratura, Maglione recordó que se habilitó la comisión de admisibilidad contra la denuncia presentada contra la jueza de Esquel Alicia Arbilla, señalada por haber habilitado el secuestro de un generador propiedad de una empresa de Cristobal López.

Se trató de un generador que tiene un valor de mercado varias veces por encima del monto de la indemnización que se debía pagar que fue rematado a precio vil y encima no es de la empresa señalada por la investigación.

El dato fuerte que acompaña a esta presentación es que detrás de la misma está Carlos Beraldi, el abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner y además integrante de la Comisión de Juristas que asesora al propio presidente Alberto Fernández.