Lo explicó en diálogo con Radio Chubut el ministro de economía, Oscar Antonena.Hoy los empleados públicos provinciales comenzaron a cobrar parte de lo adeudado de Junio, de manera completa para quienes perciben menos de 65.000 de aguinaldo, además de salud y policía; aunque se recibieron muchas quejas de oyentes por errores o inconsistencias en lo depositado.

El ministro aseguró que los 1.300 millones de pesos que se depositaron para cumplir con esta obligación es posible por el acuerdo que se logró con los acreedores externos, porque de otra forma hubiera sido imposible.

De paso aprovechó para cuestionar la manera «imprudente» en que se endeudó a la provincia con una mecánica a la que calificó como «leonina» en favor del acreedor y en perjuicio de la provincia.

Admitió que el gobierno está en deuda con los empleados públicos toda vez que está pagando recién el medio aguinaldo que debió haber pagado en junio.
Pero insistió con que el Estado paga tarde pero cumple, a diferencia de otros sectores que quedaron en el camino.

Pidió que exista un compromiso por parte de todos los empleados públicos y denunció de casos que no concurren a trabajar por excusas de las más insólitas y luego publican en sus redes sociales que están haciendo actividad recreativa mientras perjudican al Estado en general y a sus compañeros de trabajo en particular.

Recordó que la masa salarial de los empleados estatales representan el 80% del total de ingresos e invitó a sacar la cuenta de cuánto es sobre un presupuesto de 141.000 millones de pesos.

Aseguró que si no se pagó hasta ahora es porque «el dinero no está» y agradeció el permanente acompañamiento del gobernador que está «preocupado y ocupado» en salir de esta situación.

Dijo que para el presupuesto del año próximo se proyecta un incremento de poco más del 15%, es decir por debajo de lo proyectado por inflación, lo cual interpretó como un cálculo austero.

Consideró que es desigual pero legal que algunos funcionarios judiciales logren mediante amparos que le paguen todo de una vez, como ocurrió con una funcionaria de familia y con una fiscal de Puerto Madryn.

Pero aseguró que si todos hicieran lo mismo sería imposible pagar, por lo que queda reducido a quienes tienen poder institucional para hacerlo, es decir los integrantes de la justicia.