La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia se pronunció en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia 196/21, dictado el 29 de marzo, mediante el cual se frena el cumplimiento de sentencias judiciales sobre sueldos atrasados a los empleados públicos.

El DNU se conoció tras el último fallo que hizo lugar a una cautelar colectiva presentada por los empleados de los organismos de control, quienes obtuvieron un resultado positivo lo que obligaba al gobierno a pagarle los sueldos atrasados.

Para la entidad que nuclea a camaristas, jueces, fiscales y defensores públicos, el decreto que firmó el gobernador Mariano Arcioni «lesiona gravemente la garantía de acceso a la justicia de la ciudadanía, configurando un claro avasallamiento a la división de poderes».

Así lo ratificó en diálogo con Radio Chubut la dirigente de esa entidad, Carina Estefanía.

La funcionaria recordó que el último ámbito que tiene la ciudadanía para hacer valer sus derechos es justamente el poder judicial, y si se le impide ese derecho elemental se está claramente ante un avasallamiento de lo que la constitución marca.

En este contexto Estefanía aseguró que «cualquiera que reclame le darán la razón» incluso si se trata de conjueces los que dictaminan.

Por otra parte, el pronunciamiento aclara que los DNU son medidas de excepción que deben estar fundadas en verdaderas situaciones de estado de necesidad y urgencia que no están claras, porque si bien hay una emergencia económica no es menos cierto que el gobierno les pagó a algunos empleados de reparticiones estatales antes que a otros, disponiendo de un criterio arbitrario.

Consultado por radio Chubut, la doctora Carina Estefanía enumeró las reparticiones que cobran antes que el resto.