Así surge de una denuncia que realizaron damnificados en Comodoro Rivadavia y que investiga el fiscal de esa ciudad, Héctor Iturrioz, según lo describió en diálogo con Radio Chubut hoy.

La maniobra se hace a partir de los fondos que el estado nacional dispone para las personas necesitadas de cobertura social a través de programas como «Potenciar Trabajo» y otros.

Los vecinos humildes, alcanzados por esa mecánica, reciben una tarjeta social donde se acreditan los subsidios.

Pero antes de realizarse el depósito, desde el ministerio de bienestar social se les avisa a los dirigentes de las organizaciones -como el Movimiento de Trabajadores Excluídos- que se va a acreditar la plata y es allí donde se les pide a los adjudicatarios el aporte.

En eso operan también los llamados «planilleros», nombre con el que se identifica al que se para en la fila del banco y toma nota de quién cobró y cuánto aportó a la organización piquetera.

Los que no aceptan o se resisten se les saca la tarjeta social o directamente se les da de baja del beneficio.

El fiscal Iturrioz investiga en principio el delito de extorsión pero en el fondo se trata de un fraude al estado pues se tratan de recursos fiscales que son desviados del fin para el que fueron dispuestos.

Iturrioz advirtió que lo que saltó en Comodoro Rivadavia también ocurre en Trelew.

Y la historia tiene otros ribetes, como por ejemplo la certeza de que muchos víveres que vienen en los refuerzos alimentarios son vendidos en comercios particulares o los ofrecen por las redes sociales.

La investigación tiene las dificultades en los temores que tiene la gente, muy humilde, a la hora de ratificar la denuncia porque son blanco de amenazas y de quedarse sin nada.

Los líderes de las organizaciones incluso lo enfrentan al propio fiscal con amenaza de escraches, apelando al poder de movilización que tienen en tanto usan a la gente como rehenes.