«Piden depósitos en dólares, no aceptan que tengan hijos, ni mascotas ni plantas y hasta discriminan por elección sexual» explicó, en diálogo con Radio Chubut, la secretaria del sindicato de inquilinos del Chubut, Pamela Demes.
La dirigente dijo que la relación siempre fue desigual pero ahora es peor que nunca porque al no existir la ley que proteja a los inquilinos por aplicación del DNU presidencial, los arrendatarios están a merced de las exigencias de los propietarios.
Demes incluyó entre los «excesos» a la cantidad y calidad de las garantías que se exigen, al menos en el caso de Puerto Madryn, donde esa organización tiene más presencia.
La representante social aseguró que los valores rondan los 300.000 por mes, lo que obliga a que tenga que contar para hacer la operación con por lo menos 1.500.000 pesos.
«Todo esto en un contexto donde el sueldo cada vez rinde menos» se lamentó.
