Los montos que se deberán pagar por no cumplir con el Código de Aguas varían entre los 320 mil y los 10,6 millones de pesos. De esta manera, el IPA busca regular y concientizar acerca de su uso eficiente. En diálogo con Radio Chubut, el titular del ente regulatorio brindó declaraciones al respecto.
“Propusimos viendo que los montos estaban bajos triplicar las multas para quienes tengan captaciones de agua clandestinas, o que hagan mal uso u otra actividad con el agua” afirmó Cittadini y añadió que “las multas aumentaron y los módulos en función al cual se hacen las multas duplicaron entonces la máxima llega a los 11 millones de pesos”.
En el marco de la emergencia declarada, el contexto climatológico actual y la necesaria administración especial del recurso hídrico chubutense, se actualizó el valor de las multas por infracciones al Código de Aguas. De esta manera, y a través del Decreto 170/22, el Instituto Provincial del Agua (IPA) busca regular a quienes hacen un mal uso del recurso, aumentando los topes mínimos y máximos.
El Código de Aguas sancionado por Ley XVII Nº 53 prevé un régimen contravencional por violaciones a sus disposiciones que se encuentra reglamentado por Decreto 1138/12 modificado por el Decreto 1497/13 y recientemente 170/22.
Notificación, regularización y sanciones
La normativa establece que, ante conocimiento de una posible infracción, se designará un oficial sumariante para realizar una inspección y labrar un acta. La misma se le notificará al presunto infractor por medio fehaciente, haciéndole saber que cuenta con un plazo de 5 días hábiles para regularizar su situación o efectuar el descargo y ofrecer alguna prueba que desestime la multa.
En el caso que el presunto infractor no se presente, se genera una presunción de veracidad de los hechos imputados y se le ofrece un nuevo plazo para regularizar la situación y se procede a concretar la sanción, las cuales consisten en multas, indemnización del daño causado, suspensión del permiso o concesión y/o caducidad del permiso o concesión.
Mediante esta actualización de montos se busca concientizar acerca del uso eficiente de los recursos hídricos provinciales y sobre la necesidad de llevar –a través del IPA- un control de los permisos y usos.
