En el auditorio de la Legislatura del Chubut, esta mañana se dio inicio a las Jornadas de Derecho Ambiental donde la fiscal María Cecilia Bagnato, compartió una mirada crítica y a la vez esperanzadora sobre el abordaje judicial y ciudadano en torno a las problemáticas ambientales.
“Solo los que somos muy entusiastas en cuestiones más novedosas, como el derecho ambiental, nos animamos a ver qué pasa con esta temática”, expresó Bagnato, al tiempo que subrayó las limitaciones y desafíos que enfrentan las fiscalías provinciales.
“Tuve que dejar un caso de femicidio para estar acá. En Chubut, los fiscales hacemos de todo: robos, violaciones, homicidios. Y sin embargo, decidimos involucrarnos también en esta materia que, aún parece secundaria en nuestra práctica cotidiana.”
La fiscal destacó el impacto del caso de Punta Tombo como un punto de inflexión en la visibilización de los delitos ambientales en la región y celebró la decisión de que ese expediente esté hoy bajo la órbita de una fiscalía ambiental especializada, a cargo de su colega Florencia Gómez.
En su intervención, Bagnato trazó un recorrido sobre la creación, en septiembre de 2024, de la Red de Fiscales Ambientales de Argentina, en la que participa activamente.
“Dijimos: no estamos solos en esto. Y aunque aún nos cuesta, es necesario plantearnos, como operadores del sistema de justicia, como abogados, como ciudadanía común: ¿qué nos pasa con esta materia que todavía no terminamos de asumir como propia?”
Recordó que durante este último verano en la región cordillerana se investigaron más de ocho causas vinculadas a incendios forestales, y mencionó también los recientes desastres naturales que afectaron al país: “Vimos las inundaciones en Bahía Blanca, los derrames en el mar, los incendios aquí en Chubut. Y aún así, pareciera que no es un tema nuestro”.
También participó de la apertura el vicegobernador de la provincia, Gustavo Menna, quien valoró el debate en el recinto sobre la temática, calificándolo como un pilar fundamental para la organización del Estado.
«Es un tema que merece ser debatido, porque contamos con un sistema de responsabilidad civil, pero aún nos falta desarrollar plenamente el abordaje penal y todo lo que ello implica», expresó Menna.
Asimismo, destacó que en lo que va del período legislativo se han sancionado leyes relevantes, como la creación de la Comisión de Cambio Climático y la normativa que regula los pasivos ambientales.
Concluyó agradeciendo la posibilidad de contar con un espacio de intercambio y reflexión sobre una temática tan relevante en los tiempos que corren.
La fiscal Florencia Gómez, una de las disertantes, compartió su experiencia en el uso de tecnología aplicada al derecho penal ambiental. “Puntualmente, sobre la utilización de imágenes satelitales como prueba en el proceso penal, es la experiencia que tuve con el caso de Punta Tombo. Jamás había utilizado este tipo de imágenes para recabar pruebas e imputar un hecho. Lo de Punta Tombo fue un puntapié inicial”, señaló.
Asimismo, la fiscal subrayó la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de la recientemente creada Fiscalía Ambiental: “Lamentablemente, tenemos muchos casos de maltrato animal. La cordillera tiene una realidad distinta, con problemas graves vinculados a los incendios forestales, mientras que en nuestra jurisdicción —Rawson— los conflictos están más relacionados con el agua y las zonas de reserva. En este primer mes de funcionamiento advertimos un gran número de casos de crueldad animal. La Fiscalía aún es muy chica, somos pocos, pero vamos a ir armándonos de a poco para dar respuesta”.
Por su parte, el secretario de Ambiente del Chubut, Juan José Rivera, destacó el valor de la jornada como un avance significativo en la gestión ambiental de la provincia: “Para nosotros es un paso más que importante. Hemos avanzado muchísimo con el trabajo del Ejecutivo y del Legislativo: la ley de pasivos ambientales, los controles sobre emisiones de metano —el principal gas de efecto invernadero— y la protección de la biodiversidad. Pero integrar al Poder Judicial a esta problemática es un verdadero cambio de paradigma”.
Rivera también remarcó la importancia de contar con un Ministerio Público Fiscal capacitado en la temática: “La creación de la Fiscalía Ambiental es un paso clave. Que haya personal idóneo investigando estos desvíos genera más tranquilidad. No sólo es el Ejecutivo el que controla los procedimientos, sino también el Ministerio Público, y el Legislativo que promueve normas consensuadas. Esta complementariedad institucional es esencial”.
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