Se trata de una imposición que durante la pandemia se dictó por ordenanza para que las empresas pesqueras, bancos y entidades financieras hagan un aporte extra que, según Martinelli, jamás se rindió y no se sabe dónde está ese recurso.
Estima que en la actualidad son más de medio millón de dólares, dato al que arriban al hacer una comparación de la cotización durante el tiempo que se recaudó y la que actualmente rige.
El vecino de Puerto Madryn denunció que le costó mucho acceder a la información y por eso recurrió a la denuncia ante la oficina anticorrupción ya que no hay tribunal de cuentas en Puerto Madryn y el recientemente aprobado comenzará a funcionar a partir del año próximo.
