Mencionó que en la actualidad sigue vigente la ley de alquileres 27.551, por lo que todos los contratos deben seguir rigiendo por la misma.
Ancina expresó que “por medio de un decreto, el poder ejecutivo a través del uso de su capacidad de legislar, quiere derogar toda una estructura en donde estaríamos hablando de una situación inconstitucional, porque se priva a las partes de derechos y obligaciones adquiridas”.
Para finalizar, detalló que al año cuando se produce el aumento(casi del 100%), los inquilinos se ven imposibilitados de cubrir el monto por lo que deciden rescindir el contrato.
