Explicó que muchas investigaciones se inician a partir de denuncias de vecinos, aunque también se realizan recorridas periódicas en los distintos barrios de la provincia para verificar que las casas sean ocupadas por sus adjudicatarios.
Asensio remarcó que antes de retirar una vivienda existe un extenso procedimiento administrativo que incluye inspecciones, notificaciones, cartas documento, posibilidad de realizar descargos y la intervención del área legal del IPV. Señaló que el objetivo principal es que las familias regularicen su situación y aclaró que solo en los casos donde se comprueba el incumplimiento se revoca la adjudicación para reasignar la vivienda a familias que integran los listados de mayor vulnerabilidad.
El funcionario recordó que está prohibido alquilar las viviendas del IPV, salvo casos excepcionales debidamente autorizados mediante un comodato informado al organismo. Además, advirtió que quienes incumplan la normativa no solo pierden la vivienda, sino que quedan inhabilitados de por vida para acceder a una nueva adjudicación del Instituto. Finalmente, invitó a los vecinos a denunciar posibles irregularidades a través de la página web, las delegaciones o los canales de contacto del IPV.
