Es porque el abogado defensor de los imputados, Marcos Antonio Willipan, Víctor Emanuel Cotut y Jonatan Andrés Luna Almada; apeló la decisión del juez en primera intancia que dictó la prisión preventiva por dos meses, situación que se intenta revertir.
La audiencia fue informada por el fiscal general de Trelew, Marcos Nápoli, quien lleva adelante la acusación.
Nápoli expuso que tiene suficientes pruebas como para señalar a los detenidos y particularmente apuntó contra Willipan a quien se observa en plena faena incendiaria, proveyendo elementos para que el incendio se propague y dirigiendo el ataque, según explicó.
Respecto a las acusaciones que se hicieron desde organizaciones acusándolo de ser un instrumento del «disciplinamiento social» para reprimir las protestas, Nápoli lo negó con una extraña explicación al indicar que su familia participó de las marchas antimineras y que si él hubiera podido también estaría ahí, por lo que mal podría estar en contra de un legítimo reclamo que de ninguna manera justifica la violencia.
El fiscal negó, por otra parte, ser un títere del poder político y particularmente del gobernador Mariano Arcioni, como dijeron algunos voceros de la protesta, de quien tomó distancia diciendo que «no lo conozco».
Aseguró que ni los diputados ni los concejales que calificaron a los detenidos como «presos políticos» lo llamaron para interiorizarse de la causa ni le pidieron acceder a las pruebas, a quienes les podría haber demostrado que los elementos penales están.
