El dato fue admitido por la presidente de la entidad, Josefa Ávila, quien se mostró desbordada por la situación que pone a la empresa social al borde de la quiebra.

Dijo que la cuenta embargada por más de $928.000.000 es la que se utiliza para pagar parte de la masa salarial y sostuvo que recurrirá a la provincia para buscar una «solución política» porque con la municipalidad de Rawson, que es el poder concedente, no hay una buena relación a punto tal que los sumergen en un persistente atraso tarifario.

La situación, al judicializarse, no encuentra muchos caminos de solución porque el argumento del nuevo fallo marca que le deben pagar a CAMMESA lo que le cobran a los usuarios.

Desesperada, la dirigente sostuvo que el total de la facturación llega a los 917 millones pero al día de hoy solo pagó el 67%.

Intentó culpar a la administración anterior indicando que esto es parte de la herencia recibida, aunque terminó admitiendo que estaba desinformada sobre la vida de la institución que preside ya que «no sabía que estaba la situación así».