El Procurador General del Chubut, Jorge Miquelarena, anunció hoy la creación de un equipo especial que «se encargará de investigar todo lo relacionado con los incidentes que se produjeron tras la aprobación de la ley de zonificación minera».
Se procurará identificar a los vándalos que produjeron los destrozos a los edificios públicos.
Pero también se pondrá la lupa sobre el trámite de aprobación, respecto a si hubo compra de voluntades, como lo denunció el año pasado la diputada Leila Loyd Jones.
«Son tres expedientes que se abrieron» explicó Jorge Miquelarena en la conferencia de prensa que se realizó esta mañana en una de las pocas oficinas que quedaron habitables, tras el raid de edificios públicos incendiados en el marco de la protesta por la sanción de la ley de zonificación minera en la meseta chubutense.
Uno de los legajos abiertos «tiene que ver con determinar quiénes produjeron los daños en sí, lo cual no será una investigación fácil de llevar adelante así que pedimos paciencia».
Recordó que «así como pudimos llevar adelante una investigación sobre delitos contra la administración pública que eran difíciles, creo que con el mismo esfuerzo que le pusimos a esas causas esta también la podremos llevar adelante».
La otra línea de investigación estará orientada a «recibir todas las denuncias sobre afectados, ya sea comerciantes a los que le rompieron los vidrios, los vehículos, ciudadanos que han sido afectados por disparos de la policía o golpes de manifestantes».
El equipo de investigadores estará encabezado por el Procurador General Adjunto, Emilio Ricardo Porras Hernández, con lo que «queda claro el interés que para nosotros tiene» detalló Miquelarena.
Para el jefe de los fiscales de Chubut, no hay ninguna duda que «los que produjeron estos daños son un grupo de vándalos que deben ser identificados porque nada tienen que ver con las marchas pacíficas que protagonizaron miles de vecinos».
También reconoció que «estamos muy preocupados por la evidencia que se pudo haber perdido tanto en el edificio de la fiscalía como en otras dependencias atacadas pero esperamos recuperar la mayor cantidad».
Respecto a la sospecha que circuló en cuanto a que el ataque a la fiscalía -que quedó destruida por la llamas- estaba destinado a «borrar pruebas», Miquelarena dijo que «en lo personal no creo eso porque se atacaron muchos otros lugares sin mayor sentido, como por ejemplo el juzgado federal o el ministerio de educación, pero si la investigación así lo determina por supuesto que se investigará».
En un momento de la conferencia de prensa el procurador se quebró porque «los que hicieron esto no saben el daño que provocaron» con la pérdida de evidencia de casos de abuso sexual, homicidios y otros graves delitos.
También cuestionó a la policía porque «no nos protegió, nos cansamos de pedir que refuercen la guardia a nosotros y a otros edificios públicos y no tuvimos éxito, cuando me atendió el ministro de seguridad (Leonardo Das Neves) se lo pedí a los gritos».
Aseguró además que «no hablé ni con el gobernador ni con el vice» quienes dijeron que sabían quienes eran los ideólogos del ataque, aunque sin brindar más detalles.
El equipo de investigadores estará integrado por la fiscal general de Rawson Florencia Gómez y especialistas en informática, arquitectura y criminalística.
A la hora de exponer en la conferencia de prensa, la fiscal Gómez pidió que «todo aquel que tenga una denuncia para hacer lo haga, para eso ponemos a disposición a través de la oficina de asistencia a la víctima».
