La acusación fue desmentida de inmediato por la propia ministro del área, Elba Willhuber, quien negó que se trate de un ingreso improcedentes de 19 personas, como se indicó, sino que fue un grupo de agentes dirigidos por el subsecretario de desarrollo social Pablo Tracamilla, que arribaron para ocupar los despachos desde donde realizarán la actividad.
El propio gobernador Ignacio Torres intervino en la controversia aclarando que en muchos lugares del Estado, como en el caso de Desarrollo Social, se produjo un aluvión de nombramientos.
Reveló incluso que esa repartición fue utilizada para armar un partido político a costa de acomodos, lo que produjo como consecuencia «un desmadre».
Por esa y otras razones, Torres adelantó que firmará un decreto para dar de baja a todas las designaciones que se realizaron en los últimos 6 meses de la anterior gestión y se revisarán los ingresos de un año a esta parte.
Recordó que esta situación no es solamente en Desarrollo Social aunque allí sí es por demás evidente, y citó el ejemplo del ex ministro que se quería «atrincherar» en el Instituto de Asistencia Social.
