El analista señaló que se trata de una normativa extensa, con más de 200 artículos entre modificaciones, derogaciones e incorporaciones, que comenzó a regir de manera inmediata, lo que complica su aplicación en un año fiscal ya en curso.
En cuanto al impacto económico, explicó que no se prevé una reducción significativa de los costos laborales para las empresas en términos generales. Indicó que el ahorro para pymes podría rondar apenas 1,3 puntos porcentuales, aunque aclaró que existen beneficios más amplios —de hasta 12 puntos— solo en casos específicos de nuevas contrataciones bajo el régimen de incentivo a la formalización laboral.
Patterson remarcó que uno de los objetivos centrales de la ley es fomentar el empleo registrado, aunque advirtió que la decisión de contratar no depende únicamente de los costos, sino del nivel de actividad económica. En ese sentido, mencionó que el contexto actual muestra un panorama de incertidumbre y caída en la creación neta de pymes en gran parte del país.
Uno de los cambios más relevantes se dará en los recibos de sueldo, que deberán incorporar mayor información sobre aportes y contribuciones. Sin embargo, señaló que aún no hay una reglamentación clara, lo que obliga a empresas y contadores a adaptarse sobre la marcha. Incluso, advirtió que cualquier error en la liquidación podría generar inconvenientes, ya que los datos deberán coincidir con precisión con las declaraciones oficiales.
Finalmente, el especialista puso el foco en posibles conflictos legales derivados de la reforma, especialmente en torno al nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Explicó que este mecanismo no reemplaza la indemnización tradicional y podría generar controversias en relación con la protección contra el despido. “Se buscaba reducir la litigiosidad, pero no está claro que eso se logre”, concluyó.
