Según relató, los episodios comenzaron en 2017 e incluyen golpes reiterados contra las paredes y pisos, cortes de suministro eléctrico, amenazas y presuntas agresiones físicas a familias que ocuparon su inmueble.
Incluso aseguró que una mujer embarazada que residía allí debió recibir atención hospitalaria tras sufrir una agresión. También sostuvo que se habrían incumplido medidas de restricción dispuestas por la Justicia.
“No puedo alquilarlo, no puedo vivir ahí ni prestarlo. ¿Cómo puede ser que tenga una vivienda que se puede habitar y no la pueda habitar?”, cuestionó Curiche, quien afirmó contar con denuncias y testigos que respaldan sus presentaciones.
Ante la falta de soluciones, la vecina pidió públicamente la intervención de la Fiscalía, la Policía, el intendente Gerardo Merino y el gobernador Ignacio Torres. Además, solicitó asesoramiento legal para avanzar con su reclamo. “Hace diez años que estoy buscando soluciones. ¿Quién te ayuda en estos casos?”, expresó, al reclamar medidas concretas que le permitan recuperar el uso de su propiedad y garantizar la seguridad de quienes residan allí.
