Según explicó la edil los conductores que trabajan con Uber plantearon ante el Concejo Deliberante la posibilidad de regularizar la actividad y tributar bajo un esquema legal. “Ellos no quieren trabajar en la clandestinidad, quieren pagar y cumplir requisitos”, señaló la edil, quien remarcó que el desafío pasa por encontrar “un punto de equilibrio” entre todos los sectores involucrados.
Rueda también advirtió sobre el fuerte trasfondo social del conflicto y aseguró que muchas personas recurren a Uber por la falta de trabajo o los bajos salarios. Incluso comentó casos de docentes y exempleados de empresas privadas que comenzaron a manejar con aplicaciones para sostener sus ingresos familiares. En paralelo, el conflicto generó tensión con propietarios y choferes de taxis y remises. Mientras algunos trabajadores del sector pidieron congelar tarifas y avanzar en una regulación, desde las asociaciones de dueños de taxis expresaron un fuerte rechazo. “No hay que prohibir, hay que regular con reglas claras y equitativas”, sostuvo Rueda.
