La crisis se disparó tras la disposición del ministerio de economía de nación prohibiendo a las empresas que incluyan en sus facturaciones otros servicios que no son los que prestan.

La medida procura evitar el abuso hacia el consumidor de intendentes que cargan en las facturaciones de empresas sociales tasas municipales.

Como resultado, los grandes perjudicados son los bomberos voluntarios que estaban cobrando bajo esa modalidad y ya no lo podrán hacer.

Pérez informó que mañana se realizará una reunión en la que participarán los ministros de seguridad y gobierno, además de asesores legales, para buscarle una solución al desfinanciamiento de los cuarteles que parece inminente.

El subsecretario, quien se identificó como bombero, insistió en lo perjudicial que es la determinación tomada desde un despacho del gobierno nacional.

Adelantó que buscarán primero por la vía legal para fundamentar la continuidad del cobro, entendiendo que se trata de un servicio concesionado por los municipios que tienen potestad otorgada con rango constitucional.

Pero si así no ocurriera porque en el plano jurídico no se puede avanzar, prometió que «se buscará un plan B» para que el financiamiento se asegure.