En síntesis se investiga si la mencionada utilizó fondos públicos para disponer el pago de sueldos a quienes no trabajaban, conocidos vulgarmente como «ñoquis» o de asignar cargos a quienes no cumplían funciones en dependencias públicas sino para beneficio personal, como el caso del nombramiento de la niñera.

La fiscalía que llevó adelante la investigación procura desde hace varios meses que se realice el juicio oral, lo cual fue frenado en un principio por el pedido del resto de los imputados que pretendían la suspensión del juicio a prueba.

Cabe recordar que, además de Torres Otarola, están imputados Branco Rodera Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Roderac, Miguel Reto Telles, Silvana Cañumil y Jaquelina Rodera.

El segundo intento de juicio oral y público fracasó porque se pretendía iniciar el debate con los imputados vía zoom y además porque el abogado de uno de los imputados se ausentó, aunque fue luego localizado en un casino y otra abogada había renunciado dos días antes a la función.

Ahora viene el tercer intento de comenzar el juicio agendado para el 10 de diciembre, según confirmó, en diálogo con Radio Chubut, el fiscal Omar Rodríguez.

El funcionario del ministerio público cuestionó a la oficina judicial por haber permitido que los imputados sigan el debate vía zoom, lo cual solo se permitió en tiempos de pandemia pero no puede admitirse ahora, momento en el que deben estar presentes en la sala.

Para Rodríguez, la convocatoria fue planteada en malos términos porque en vez de «citar» a las partes, solo se las «notifica».

El fiscal recordó que este tipo de dilaciones atenta contra el espíritu del juicio porque muchos testigos que se preparan para declarar y son convocados para ello se desilusionan frente al fallido intento.

Antes de entrevistar a Rodríguez, Radio Chubut dialogó con el jefe de la oficina judicial de Rawson, Oscar Garcés, quien tomó distancia de la organización del debate sobre el que es directamente el responsable para decir que su función «es meramente administrativa».