La situación se puso muy violenta cuando quienes dicen ser los propietarios del campo —aunque tiene estatus de fiscal para el IAC— se presentaron con una masa y barretas para tirar abajo el puesto donde Anaya vive con su hija de 13 años y su esposa, aprovechando que él no estaba.
El poblador se manifestó desesperado por la situación y pidió que el Estado lo proteja, aunque admitió que está dispuesto a irse si le prueban la titularidad del campo y si le pagan el tiempo que estuvo cuidando el establecimiento.
Anaya reconoció que la violencia que debe enfrentar tiene también sus graves consecuencias económicas, porque para proteger a los suyos no puede apartarse de la vivienda a controlar a las chivas, que están en este momento en plena parición y a merced de los predadores.
