El abogado cuestionó en varios aspectos la ley de ficha limpia pesquera, pero sobre todo en el principio de irretroactividad, ya que pone la lupa sobre permisos de pesca que se dieron hace 10 y 15 años, los cuales quedan en duda por cuestiones fiscales o administrativas.
Aclaró que el cuestionamiento va hacia la mayoría de los artículos.
Para Martínez Zapata es cuestionable que un permiso de pesca se le quite a un permisionario por haber tenido un accidente de tránsito que daría lugar a una causa penal común, pero que no tiene relación con su condición de titular de un permiso de pesca.
El representante legal de la CAFACH recordó que estos cuestionamientos se lo hicieron saber desde un principio cuando le fue planteado el proyecto por parte del Gobierno en una reunión “muy amena” que tuvieron, pero que evidentemente no fueron escuchados.
Dijo que esto además genera inseguridad jurídica para quienes hicieron una gran inversión, con el objetivo de recuperarla durante el tiempo que dure el permiso, algo que ahora no está garantizado.
La presentación realizada ante el Superior Tribunal de Justicia no está acompañada por un régimen cautelar, pues esperarán que se expida el máximo organismo judicial, aunque no descartó presentaciones en el medio en tanto se aplique la ley, que está con plena vigencia, si se afecta el interés de algún permisionario.
En representación del gobierno respondió al planteo de la CAFACH el representante de la provincia ante el Consejo Federal Pesquero y ex secretario de pesca provincial, Andrés Arbeletche.
El funcionario negó que se esté ante un texto legislativo inconstitucional, tema que, en todo caso, deberá resolver la corte provincial.
No consideró que sea una ley que desconozca la irretroactividad, ni tampoco que sea estigmatizante para esa actividad.
Interpretó como necesario un cambio normativo que endurezca las exigencias para el sector pesquero.
Y citó un ejemplo que a él le tocó en persona resolver en referencia al barco artesanal «El Carlillo», que pudo seguir operando por los vacíos legales que tenía la legislación a pesar de haber incurrido en faltas graves como sobre carga, personal en negro e incluso «polizones», es decir tripulantes que estaban a bordo sin haberse registrado en prefectura.
