Los hechos ocurrieron en septiembre del 2019 cuando se produjeron varios hechos de daño en los edificios públicos en medio de protestas por la muerte de dos docentes que volvían a Comodoro Rivadavia tras haber estado en Rawson participando de una protesta por la falta de pago de haberes.
Los imputados son Santiago Goodman y Marcela Ancaleo, representados legalmente por la Doctora Erica Fossati y por el Doctor Sergio Miranda Alcazar, mientras que Miguel Ángel Moyano defiende a Marcela Ancaleo y Matías Schierloh.
En diálogo con la prensa el representante de la fiscalía de estado Martín Castro explicó que en la audiencia de este lunes se plantearon dos situaciones.
La primera tuvo que ver con el desistimiento tácito de la fiscalía de estado lo que fue negado por esa querella y por otra parte el pedido de suspensión de juicio a prueba por parte de uno de los imputados, en este caso Matías Schierloh.
El letrado dijo que el resto de los imputados no adhirió a este pedido de suspensión de juicio a prueba, pero se decidió no continuar con el proceso para ellos porque en todo caso, con el tiempo se iba a tener que repartir el debate.
Remarcó que aun cuando Schierloh hubiera solicitado la suspensión de juicio a prueba, esto no implica que reconociera la responsabilidad en los hechos.
La Jueza María Tolomei tiene de ahora en más, un plazo de 3 días para resolver la situación del requirente, tras lo cual vendrá la etapa de las apelaciones, ya sea por parte de la fiscalía o de la defensa por lo cual, el abogado Castro estimó que recién dentro de 5 o 6 meses se reanudaría el juicio.
También dialogó con la prensa la fiscal Florencia Gómez.
La representante del Ministerio Público Fiscal señaló que son cuatro los imputados por el delito de incendio en calidad de coautores y que a entender de la fiscalía todos ellos deben ser sometidos al proceso.
Gómez dijo que son 63 los testigos convocados y listos para prestar declaración en el juicio y que hay otras personas que también están implicadas en los hechos pero que no logaron ser identificadas, aún cuando se pidió colaboración a la sociedad.
En ese sentido, la integrante del Ministerio Publico analizó que existe una postura contradictoria en la gente que pide justicia pero que no se compromete en los procesos.
Por último, la fiscal Gómez contó que, tras los incendios del mes de diciembre del año pasado, esta causa debió ser reconstruida y que las pruebas estaban, afortunadamente, a salvo.
Dijo que el Ministerio Público pedirá una pena de 5 años de prisión, por lo cual la suspensión de juicio a prueba, a su entender, no corresponde atento a que eso solo es posible ante penas menores a los tres años de condena.
Se refirió además a la gravedad de los hechos atento a que se produjo el daño de un edificio histórico como la Casa de Gobierno.
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