Recordó que la entidad debe montos multimillonarios por roturas de la planta urbana para extender servicios que nunca reparó.

Como si fuera poco, dejó en claro que ni siquiera tiene la concesión de los servicios porque en el 2019 el Concejo Deliberante facultó al ejecutivo para que haga un nuevo contrato que nunca se firmó, por lo que la prestación está en un limbo jurídico.