Lo aseguró Alfredo Prior, el representante por los vocales ante el directorio del Instituto de Seguridad Social y Seguros que regentea la caja de jubilaciones y la obra social de los empleados provinciales.
Prior desmereció el conflicto que llevan adelante los empleados del instituto, de quienes recordó que cuentan con un estatus especial en la administración pública porque, entre otras cosas, tienen sus sueldos al día.
Pero además Prior ventiló que los empleados que están llevando adelante la protesta pretenden que se aplique el último aumento de la bancaria escala con la que están enganchados sin saber que hay una ley vigente por la que se suspendió hasta mediados de año cualquier aumento que provenga de un organismo externo, lo que claramente estaba destinado a la justicia.
Prior duda de la legitimidad del reclamo de los empleados que puso en riesgo la prestación.
De paso cuestionó a los empleados que piden la intervención porque eso atenta directamente con la institucionalidad de la obra social y del directorio.
Y en ese terreno aseguró que, a pesar de tener el mandato vencido desde el 2018, seguirá como un «acto de servicio» en el puesto porque de otra manera dejaría sin representación a los activos y eso sería un acto de irresponsabilidad.
