El diputado provincial por la Unión Cívica Radical, Manuel Pagliaroni, recordó que le pidió al poder ejecutivo provincial que informen sobre los propietarios de las embarcaciones a los que se pretende beneficiar con la derogación de la ley que fijó el Fondo Ambiental Pesquero.
Cabe recordar que el gobierno remitió al poder legislativo un proyecto para condonar la deuda por intereses que se vienen acumulando desde el 2018, ante la negativa de los empresarios del sector pesquero a pagar el tributo.

En el proyecto de ley remitido por el gobernador Mariano Arcioni se propicia además que el capital sea pagadero en cuotas.

Sin embargo, para hacerlo, mínimamente deberían contar con información sobre quiénes son los beneficiarios y por cuánto, reclamó Pagliaroni.

El legislador radical aseguró que el pedido fue compartido por su colega del bloque, Andrea Aguilera.

Sienten en esa bancada que la secretaría de pesca es reticente a brindar la información sin la cual será imposible, al menos para ellos, levantar la mano.

Pagliaroni reconoció que está dispuesto a modificar la ley para que los trabajadores del sector no paguen parte del FAP.

Pero con la deuda de los empresarios se mostró expectante y consideró que amenazar con hacer un paro si no tratan urgente la ley tiene un fuerte componente extorsivo.

Estimó que se habla de un «perdón» fiscal que se ubica entre los 500 y 1.000 millones de pesos que encima son coparticipables con los municipios y trabajadores estatales del área de pesca y ambiente, con lo que no está muy seguro si pueden disponer de fondos que no son provinciales.

Recordó que desde que está como diputado, hace más de 6 años, jamás se trató un proyecto de condonación como este.

En el mismo sentido opinó la Concejala de Puerto Madryn Alejandra Concina, del bloque Unido y Organizados.

Desde su banca, en la última sesión, Concina pidió que no se suspenda el FAP y se aplique porque mientras esto se discutía aparecieron en la costa de Puerto Madryn e incluso en Puerto Pirámides cajones de plástico provenientes de la industria pesquera.

La Concejala pidió que se deje de actuar en función del bolsillo de los empresarios, porque se lo involucra al Estado en mirar todo con el criterio de la rentabilidad sin pensar que lo que no pagan para remediar el ambiente lo tiene que abonar la población con sus impuestos.