Durante su exposición, Benítez sostuvo que todo se originó a partir de una nota enviada por la entonces defensora general Sonia Donati al Consejo de la Magistratura, acompañando publicaciones periodísticas vinculadas a hechos que supuestamente lo involucraban.
Según explicó, en diciembre de 2023 el propio Consejo resolvió que no podía iniciar investigaciones de oficio y que primero debía concluir el sumario administrativo interno dentro del Ministerio de la Defensa Pública para determinar si existían conductas que excedieran el marco sancionatorio del organismo.
En ese sentido, remarcó que la fiscal sumariante Carolina García solicitó como máxima sanción una suspensión de 30 días sin goce de haberes, lo que —a su criterio— demuestra que el caso debía resolverse exclusivamente en la órbita administrativa interna y no derivar en un proceso de destitución.
“En el sumario interno la sanción pretendida no excedía el marco sancionatorio de la Defensa Pública”, afirmó.
Benítez también cuestionó la intervención posterior del Consejo de la Magistratura y apuntó directamente contra el entonces defensor general Sebastián Daroca, al sostener que la nota enviada por éste “de ninguna manera constituye una denuncia formal”.
Según argumentó, la presentación no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 20 de la ley del Consejo de la Magistratura, ya que —dijo— no describía hechos concretos, pruebas ni causales específicas de destitución.
“Lo que hizo el Consejo fue iniciar de oficio las mismas causales por las cuales ya había sido investigado en el sumario administrativo”, señaló.
Finalmente, el defensor oficial planteó que fue sometido “dos veces por el mismo hecho” y pidió que se declare la nulidad de todas las actuaciones realizadas por el Consejo de la Magistratura.
