Lo reconoció en diálogo con Radio Chubut el presidente del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, Máximo Pérez Catán.

El funcionario recordó que según la legislación vigente debería estar constituida una comisión integrada por líderes de las comunidades para que se encarguen, entre otros temas, de analizar el otorgamiento de tierras y eventualmente intervengan en conflictos.
Sin embargo esa comisión no se constituyó nunca, de allí que la legislación se cumplió a medias.
La consulta al titular del IAC vino a raíz de un reciente dictamen del Superior Tribunal de Justicia en el que se le impone al gobierno que no proceda a la entrega de ninguna porción de tierra fiscal sin el previo consentimiento de la comunidad involucrada.
Para Pérez Catán el mandato judicial es absolutamente lógico y en la práctica la consulta se realiza aunque no con los mecanismos institucionales que deberían mejorarse.