Martini cuestionó en principio los flojos argumentos que puso en el debate la fiscal María Florencia Gómez que no le imputó, a ninguno de los 5 beneficiados por la «probation», el delito de incendio sino otros que entran en el instituto que pidió la defensa a la que se accedió.
«Ninguno de los 5 fueron señalados como los que provocaron el incendio sino de otros delitos como daños o hurto agravado» explicó la magistrada quien recordó que ella resuelve por lo que le llega con sus respectivos fundamentos y no por subjetividades que pueden ser aplicadas en cualquier caso.
Aseguró que en el debate, la fiscal se expresó con generalidades que no apuntaron al delito de incendio, que la jueza Martini reconoce como grave por el contexto social y lo que significa, puesta ya como ciudadana.
En la causa permanecen 8 imputados entre los que están los cinco que accedieron a la suspensión del juicio a prueba, otro que está imputado como autor del incendio cuya situación procesal continúa, uno que no se presentó a la audiencia y deberá ser convocado nuevamente y el restante que la defensa ni siquiera pidió la «probation» porque tiene una condena y la defensa, de buena fe, ni siquiera pidió que se aplique el instituto.
También recordó que la Fiscalía de Estado, quien debería representar el interés del agraviado por tratarse de edificios públicos, no se hizo presente en ninguna de las audiencias para defender su postura.
Recordó que, de todos modos, existen las vías recursivas como para apelar una decisión si es que no se está de acuerdo.
Pero no dejó pasar por alto que los jueces están sometidos a cualquier descalificación por parte de los demás poderes, cuyos dirigentes critican sin conocer los fundamentos mínimos.
