El fiscal general de la Unidad Especializada de Delitos contra la Administración Pública, Lucas Papini, enumeró los destinos que aparecieron en el debate: México, Uruguay y Miami. A eso sumó la compra de bienes muebles, contratos de alquiler en la ciudad de Buenos Aires y gastos de los hijos del imputado. Papini sostuvo que ninguno de esos consumos responde al objeto que fija el estatuto del sindicato.
Según explicó Papini, hubo transferencias que salieron de cuentas cuya titularidad es de la Asociación Trabajadores del Estado y entraron a cuentas personales del imputado en distintas entidades financieras. Una pericia de un contador permitió seguir la trazabilidad de esos fondos hasta los gastos particulares.
La figura por la que llegó a juicio es defraudación por administración fraudulenta, prevista en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal, en perjuicio del gremio. El debate oral empezó el lunes 19 y ya lleva cuatro jornadas, en las que declararon los testigos propuestos por la Fiscalía.
La defensa sostiene que se trató de gastos de administración interna del sindicato. Papini dijo que no comparte esa lectura, aunque aclaró que hay que ser cauto y recorrer el resto de las audiencias antes de sacar conclusiones. La causa arrancó en 2023 con la denuncia de tres afiliados, entre ellos la entonces tesorera Claudia Barrionuevo. Quiroga es la única persona que llegó a debate oral, y sobre una eventual devolución del dinero Papini dijo que se discutirá al terminar el juicio, con el gremio y sus afiliados “que en definitiva son las víctimas”.
