El funcionario detalló que se tratan de aportes no ingresados para los jubilados legislativos al Instituto desde septiembre de 2022, en cada uno de los aumentos que se brindaba para el personal.
La afectación es de 161 jubilados, mientras que la deuda ascendería a los 137 millones de pesos.
San Martín explicó cómo se detectó la irregularidad y mencionó que apenas termina la conciliación del número final, se dará paso a la Fiscalía de Estado para que tome intervención.
Expresó que “esta situación no es casual y alguien tiene que hacerse responsable porque el perjuicio es muy grande e involucra a los jubilados”.
Señaló al respecto que en cuestión de días se finalizará ese valor y luego se avanzará mediante la Fiscalía en la denuncia correspondiente por el perjuicio para la Caja.
La fecha y el cómo se retribuirá a los jubilados damnificados se estipulará una vez que se tenga certeza sobre el camino judicial que se siga.
El interventor del Instituto además se refirió a los coseguros y manifestó que los aumentos que se dan con la obra social provincial tienen que ver con el alto proceso inflacionario.
Indicó que de todos modos las prácticas se incrementaron un 180%.
En cuanto a los proveedores, mencionó que se están haciendo gestiones para evitar cortes, ya que se piden aumentos “impagables” que se hace muy difícil de afrontar.
