Según explicó la funcionaria, la intervención apunta a determinar si existieron situaciones de crueldad o maltrato animal sobre cuatro equinos que fueron faenados en el marco de una prueba piloto.
“La particularidad de esta situación es que el burro no integra el Código Alimentario Argentino, motivo por el cual no está permitido el consumo interno”, señaló Gómez.
En ese sentido, aclaró que en Argentina solo existen tres frigoríficos autorizados para la faena de burros y exclusivamente con fines de exportación, bajo control del Senasa. “La producción no se puede hacer para consumo interno, solamente para exportación”, remarcó.
La fiscal indicó además que más de 20 organizaciones no gubernamentales se presentaron como denunciantes en la causa, entre ellas asociaciones vinculadas a la protección y conservación de equinos.
Gómez sostuvo que por el momento se encuentra en una etapa de averiguación preliminar y no descartó solicitar medidas sobre el establecimiento involucrado. No obstante, aclaró que su intervención está centrada específicamente en las cuatro especies faenadas y en determinar si hubo crueldad animal.
Por otra parte, explicó que el procedimiento contó con autorizaciones oficiales y fue presentado como una prueba piloto, aunque advirtió que “tiene que terminar en eso, una prueba piloto”, debido a que la legislación nacional no habilita el consumo interno de carne de burro.
